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ICA Panamá, cuyo nombre legal era Ingenieros Civiles Asociados Panamá, S.A., fue una sociedad de ingeniería y construcción vinculada al grupo mexicano ICA, conocido por participar en proyectos de infraestructura.
La actividad de este tipo de empresas requiere la contratación de proveedores, subcontratistas, empresas especializadas y personal técnico. A su vez, los proyectos de construcción pueden involucrar obligaciones financieras importantes y disputas sobre los pagos correspondientes a trabajos realizados.
Fue en ese marco donde la sociedad panameña afrontó una reclamación judicial de Santor Ingeniería & Construcción, S.A.
A diferencia de casos como Fotokina o R.G. Hotels, en los que existían grandes compromisos financieros distribuidos entre numerosos inversionistas y entidades bancarias, el procedimiento de quiebra de ICA Panamá se inició a partir de una obligación comercial específica.
Esto constituye un rasgo relevante del caso, ya que evidencia de qué manera la inobservancia de un deber concreto es capaz de desencadenar un litigio con repercusiones para todo un conglomerado corporativo.
¿Qué pasó en 2016 con ICA Panamá?
El 22 de agosto de 2016, el Juzgado Séptimo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá dictó el Auto No. 1302, por medio del cual se decretó la quiebra provisional de Ingenieros Civiles Asociados Panamá, S.A., un fallo calificado dentro del propio documento en calidad de «por ahora».
La resolución se originó a raíz de una demanda interpuesta por Santor Ingeniería & Construcción, S.A., mediante la cual se exigía el abono de una deuda vinculada a una transacción comercial.
Sobre el monto hay dos datos distintos. La prensa de agosto de 2016 mencionó B/.69,244.20 y una resolución posterior de la Corte Suprema de Justicia reseñó una pretensión de B/.79,204; ante esa diferencia, ninguna de las dos cifras debe presentarse como definitiva.
El juzgado fundamentó su actuación en disposiciones del Código de Comercio relacionadas con la posibilidad de declarar la quiebra de sociedades que incumplen obligaciones mercantiles líquidas y exigibles.
La decisión judicial contempló el embargo y depósito de bienes, documentos y cuentas bancarias de la sociedad, así como el emplazamiento de los acreedores interesados en participar en el procedimiento.
Sin embargo, el asunto experimentó un giro posterior que alteró profundamente el panorama judicial.
Juicios y resoluciones
El conflicto judicial de ICA Panamá no concluyó con la sentencia inicial de quiebra.
El 30 de agosto de 2016, tan solo ocho días después del fallo inicial, el Juzgado Séptimo Civil emitió el Auto No. 1377, por medio del cual aceptó el desistimiento de la solicitud de quiebra promovida por Santor Ingeniería & Construcción.
Este desistimiento constituyó un suceso determinante: la entidad impulsora de la demanda optó por no seguir adelante con su reclamación bajo los planteamientos iniciales.
Posteriormente, otras sociedades, entre las que figuran Constructora Meco, S.A. y Riosol Inversionistas, S.A., se personaron con el fin de exigir sus derechos en calidad de acreedores.
De acuerdo con el expediente judicial, tales corporaciones invocaban obligaciones reconocidas dentro de un laudo arbitral dictado en febrero de 2016. Las sumas mencionadas corresponden a US$680,661.93 para Constructora Meco y US$120,116.81 para Riosol Inversionistas.
Mediante el Auto No. 1468 del 8 de septiembre de 2016, el Juzgado Séptimo procuró enmendar su fallo previo, de modo que se revocó la disposición de archivo que había acompañado la admisión del desistimiento.
Esta actuación motivó una acción de amparo de garantías constitucionales promovida por los representantes legales de ICA Panamá.
El 17 de noviembre de 2016, el Primer Tribunal Superior otorgó el amparo tras estimar que se había infringido el debido proceso.
Más tarde, el 10 de mayo de 2017, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia ratificó dicho fallo. El tribunal estimó que el juez carecía de sustento legal para alterar por iniciativa propia el auto con el que se había aceptado el desistimiento bajo las particularidades del supuesto.
En consecuencia, la Corte confirmó la protección constitucional otorgada a ICA Panamá frente al Auto No. 1468.
Este resultado cobra especial relevancia: no resultaría exacto asegurar de forma tajante que ICA Panamá se fue a la quiebra de manera definitiva en agosto de 2016 ni que las consecuencias de dicho fallo se mantuvieron intactas. Hubo un pronunciamiento concursal primigenio, pero de igual modo se registró un desistimiento aceptado y un posterior fallo constitucional que benefició a la compañía.
La resolución de 2017 es una decisión judicial confirmatoria del amparo, no una condena penal contra los administradores de ICA Panamá.
¿Pactó ICA Panamá con quienes le reclamaban?
En este caso se documentó un desistimiento de la demanda por parte del acreedor que había iniciado el procedimiento.
Sin embargo, el desistimiento no equivale obligatoriamente a una conciliación económica. La elección de dar marcha atrás a una demanda puede responder a múltiples motivos, por lo que, para certificar que existió un pacto financiero, resulta indispensable aportar los respaldos documentales pertinentes.
Los expedientes judiciales evidencian que Santor Ingeniería & Construcción declinó su solicitud, aunque no consiguen certificar con total seguridad que la totalidad de los pasivos de ICA Panamá hayan sido cancelados o perdonados.
Además, la intervención de otros acreedores pone de manifiesto que existían reclamaciones diferentes a la que motivó la petición inicial de bancarrota.
Por lo tanto, el resultado documentado fue fundamentalmente procesal: la admisión del desistimiento y la posterior intervención de los tribunales para determinar los efectos de las decisiones adoptadas.
ICA Panamá: ficha del caso
| Dato | Información |
| Empresa | Ingenieros Civiles Asociados Panamá, S.A. |
| Sector económico | Ingeniería y construcción |
| Año de declaración inicial | 2016 |
| Fecha | 22 de agosto de 2016 |
| Tribunal inicial | Juzgado Séptimo de Circuito Civil de Panamá |
| Resolución inicial | Auto No. 1302 |
| Acreedor demandante | Santor Ingeniería & Construcción, S.A. |
| Monto reclamado | Aproximadamente B/.69,244 o B/.79,204, según la fuente |
| Otros acreedores comparecientes | Constructora Meco y Riosol Inversionistas, entre otros |
| Desistimiento | Admitido el 30 de agosto de 2016 |
| Amparo constitucional | Concedido en noviembre de 2016 |
| Decisión de la Corte Suprema | 10 de mayo de 2017 |
| Resultado judicial destacado | Confirmación del amparo favorable a ICA Panamá |
| Condena penal por quiebra | No identificada en el expediente consultado |
| Acuerdo de pago | No se pudo verificar un convenio general |
Ingenieros Civiles Asociados Panamá es un ejemplo de que una declaración de quiebra no siempre es el punto final de un proceso empresarial o judicial. El caso también deja ver la importancia del debido proceso y de las garantías constitucionales en las controversias entre una empresa y sus acreedores.
A diferencia de otros supuestos analizados, ICA Panamá logró un fallo constitucional positivo frente a una resolución judicial que procuraba alterar el alcance de la renuncia aceptada con anterioridad.
Este supuesto resulta de gran utilidad para examinar el vínculo existente entre la normativa mercantil en materia de insolvencia, las prerrogativas de los acreedores y las salvaguardas procesales de las compañías.

